Mujeres privadas de libertad contarán con atención integral en salud sexual y reproductiva por primera vez en la historia

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se mostró muy satisfecho por llevar adelante este acuerdo: “Son de las cosas de las cuales nos tenemos que alimentar para avanzar. Este es un emprendimiento histórico porque por primera vez de manera masiva se impulsa un esfuerzo de estas características, de esta naturaleza, para llegar a toda la población de mujeres privadas de libertad”.

Según cifras relevadas por Nada crece a la sombra, el 80% de las mujeres no tiene el PAP al día. En tanto, en Montevideo el 92% de las mujeres mayores de 50 años no tiene la mamografía al día, mientras que en el interior 2 de cada 3 mujeres mayores de 50 años no tienen la mamografía vigente.

“Si no entendemos que necesitamos políticas de estado en este sentido va a ser muy difícil cambiar esta realidad. Para eso esta política va a ser un ensayo, un acuerdo entre la sociedad civil y la academia, para intentar mejorar la realidad, para intentar cambiar la salud de las mujeres privadas de libertad.”, señaló Denisse Legrand, coordinadora de Nada crece a la sombra.

El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay. El equipo de trabajo será designado por Nada crece a la sombra en acuerdo con el Ministerio del Interior.

Al cierre del proceso, que llevará hasta fin de año, todas las mujeres privadas de libertad del país tendrán al día el PAP, colposcopía si corresponde, mamografía en el caso de las mujeres de más de 50 años, asesoramiento en anticoncepción, indicación de cribado según la edad y abordaje integral de embarazo no deseado.

Ver informe audiovisual

Montevideo, 14 de julio de 2020

En un acuerdo histórico, el Ministerio del Interior y el colectivo Nada crece a la sombra crearon el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en cárceles que hará que las 680 mujeres privadas de libertad, distribuidas en 17 unidades penitenciarias en todo el país, accedan a atención y asesoramiento en salud sexual y reproductiva.