El censo se realizó en el marco del proyecto de investigación denominado “Funcionarios penitenciarios: rol ocupacional en un modelo de transición”, desarrollado desde el departamento de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

El proyecto contó con el financiamiento del fondo María Viñas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el apoyo del Instituto Nacional de Rehabilitación.
El objetivo general consistió en elaborar un diagnóstico relativo de los aspectos básicos de la vida laboral de los funcionarios penitenciarios, visibilizando las principales tensiones que componen su rol ocupacional dentro del contexto de transformación que se encuentra atravesando el sistema penitenciario uruguayo.

El trabajo de campo (que se realizó entre octubre de 2014 y abril de 2015) se desarrolló en estrecha coordinación con la subdirección técnica del INR. La información personal relevada por el censo es de carácter estrictamente confidencial y anónima. En total se relevó la opinión de 2.356 funcionarios de todas las unidades del país.

Para el análisis de la información obtenida se hizo especial énfasis en los siguientes ejes:  
- ejercicio del poder en las prisiones,
- percepciones respecto a la población reclusa y la rehabilitación,
- tareas de cuidado y de seguridad,
- reconocimiento,
- motivación, gratificaciones y dificultades para el desarrollo de la tarea
- habilidades y destrezas requeridas, y su vínculo con los procesos de formación
- vínculo civil – policial.

Entre los datos arrojados por este censo, se observa que el promedio de edad de los funcionarios es 35,8 años y que el funcionariado penitenciario está claramente masculinizado: 7 de cada 10 funcionarios son hombres. Este dato varia radicalmente en función del escalafón, de esta forma por ejemplo: en el escalafón policial L, los hombres son más del 80% y en el caso de los operadores penitenciarios las mujeres son más de la mitad del funcionariado.
Por otra parte, la amplia mayoría del personal penitenciario está conformado por policías (69%) mientras que menos de la tercera parte (29%) son operadores penitenciarios y el 2% corresponde a los escalafones A, B y C (civiles).

En cuanto a la estructura jerárquica del funcionariado, en lo que refiere a los funcionarios pertenecientes al escalafón L (policías) se observa una mayor concentración entre los puestos de menor jerarquía. Al momento de realizar el relevamiento aún los grados 1 y 2 (agente de segunda y agente de primera, respectivamente) no estaban unificados por lo que los resultados obtenidos aparecen discriminados: 45.5% de los funcionarios policiales son agentes de segunda y 29,4% son agentes de primera. En tanto, el 5.8% de los funcionarios policiales son personal superior (del grado de subcomisario hacia arriba en la escala jerárquica).

En la discriminación por sexo, las mujeres se concentran mayoritariamente en el escalafón más bajo de la estructura (56% son mujeres agentes de segunda) y su participación es muy marginal en los cambios de mayor jerarquía.

En lo referente al nivel educativo, el 31% de los operadores tiene estudios terciarios y el 10% de los funcionarios policiales alcanzó el nivel educativo terciarios. En tanto, un 15%  de los policías tienen como nivel máximo alcanzado la educación primaria y un 5% en el caso de los operadores.

Por otra parte, mientras ciertas áreas están ocupadas principalmente por personal policial (como ser la guardia externa, la unidad de traslados y la flota vehicular, etc.) otros ámbitos se encuentran ocupados principalmente por personal civil (área laboral, educativa y recreativa).

Respecto a el régimen de trabajo, la modalidad “semana por semana” y la nocturnidad son situaciones que afectan principalmente al personal policial, en comparación con los civiles que generalmente trabajan en un régimen de 8 hrs. diarias.

A nivel general del funcionariado está presente la percepción de que la tarea penitenciaria constituye una contribución importante para la sociedad y sienten orgullo en relación al rol que desempeñan.  

Montevideo, 14 de febrero de 2017
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