A más de nueve meses de asumir la subdirección nacional operativa del Instituto Nacional de Rehabilitación, el Crio. Mayor Gerardo Bidarte realizó un balance de la gestión.



Bidarte señaló que el principal objetivo cuando asumió el cargo era reducir la cantidad de incumplimientos referente a los traslados de personas privadas de libertad hacia los juzgados. “Había una demanda insatisfecha por mes de más de 200 personas que quedaban sin ser trasladadas por diferentes motivos (…) Hoy estamos cerrando el año con cero incumplimiento en el área metropolitana”, comentó.
Entre las medidas adoptadas para solucionar esta situación, se dividió a todas las Unidades de Internación del país, en cuatro regiones y se concentró el trabajo del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria en el área metropolitana, donde se encuentran alojadas la mayor cantidad de personas privadas de libertad.
Bidarte recordó que cuando el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria se encargaba de realizar los traslados de un interno al interior del país, o de una Unidad de Internación a otra, se debía disponer de una dotación completa durante dos días para trasladar solo a una persona, dejando de dar cumplimiento a las citaciones de la justicia en el área metropolitana. Al regionalizar el país, cada región es la encargada de realizar esos traslados que en su mayoría son hacia Montevideo.
Se fortaleció la regional norte, con recursos humanos y materiales y, para el 2017, se propone seguir en esa misma línea, tratando de dotar de los insumos necesarios a las regiones del Litoral y Este.
En el año 2016, se realizaron más de 3600 movimientos de personas que fueron redistribuidas en todo el país, entre traslados entre Unidades Internación y traslados de personas que ingresan al sistema penitenciario.
En cuanto a los operativos, Bidarte dijo que fueron muchos y diversos. Se hicieron 750 requisas  en todo el país, incautándose cerca de 2 kilos de marihuana, 380 gramos cocaína y pasta base, y casi 1000 celulares.  
En inspecciones en revisoría los número son mayores, incautándose casi 8 kilos de marihuana y más de 2 kilos de cocaína.
Tendiente a profesionalizar el trabajo operativo se creó un grupo encargado de llevar a cabo todo tipo de inspecciones, integrados por funcionarios recientemente ingresados al instituto. “Ha sido muy exitoso porque son gente que no está en los módulos o los establecimientos trabajando fijo, sin duda eso favorece a que la persona ingrese al sector sin ningún tipo de presiones o compromisos con nadie para realizar las requisas con tranquilidad”.
En el transcurso del 2016, en procedimientos realizados por el Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP) fueron procesadas con y sin prisión 25 personas (este número no incluye los operativos que realizó la Guardia Republicana en revisorías) y 5 funcionarios penitenciarios resultaron procesados con prisión. 
En otro orden Bidarte, se refirió a la capacitación del personal. “Tenemos que tener un personal capacitado y motivado”, manifestó. En tal sentido más de 500 funcionarios de todo el país pudieron acceder a distintas capacitaciones, como la del cambio de arma de reglamento con la instrucción. “Eso fue una motivación para los funcionarios, hacía mucho tiempo que no la tenían (capacitación) y se le esta entregando un arma de reglamento de una calidad muy superior”.
Se puso especial énfasis en la reinstrucción de los funcionarios que integran el Compañía Especial de Operaciones Penitenciarias (CEOP), encargados de dar las garantías y actuar en situaciones complejas en el área metropolitana e interior.
Otro grupo de funcionarios viajaron al estado de Maryland en Estados Unidos, donde la Police and Correctional Training Commisions, los capacitaron en Formación Profesional en Servicios Penitenciarios. Luego los instructores estadounidenses, vinieron a Uruguay a capacitar a funcionarios del INR e INISA, participando 20 funcionarios de la subdirección nacional operativa. En el 2017 se prevé que esos funcionarios sean multiplicadores de los conocimientos que adquirieron instrumentando cursos a través del Centro de Formación Penitenciaria. 

Montevideo, 10 de diciembre de 2017.

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