En América Latina y el Caribe resolver un delito no es tarea fácil. Mientras en Europa se condena a 81 delincuentes por cada 100 víctimas, en nuestra región esa tasa se queda en apenas 24. Sin embargo, la cadena de impunidad no acaba ahí. La saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, descoordinada y cara. Y eso tiene implicaciones más allá de los juzgados.
En nuestra región, el promedio de personas en prisión preventiva es del 47% -en algunos países, de hecho, esta cifra rebasa el 70%. Mientras tanto, en Europa el porcentaje de población penitenciaria a la espera de juicio es del 20%.
¿Cómo se sale del círculo de la impunidad? Con un sólido sistema de justicia criminal.
Más justicia para víctimas y acusados: Reparación del daño y presunción de inocencia
En América Latina, hace 30 años, se inició un proceso de reformas a los sistemas de justicia criminal. ¿Cuáles han sido los elementos principales? En primer lugar, se ha fomentado la coordinación entre la policía, las fiscalías, los juzgados y el sistema penitenciario. Además, los juicios son públicos y en ellos participan todos los actores implicados en un caso (víctima, acusado, testigos, policía, etc.). El juicio, de hecho, ha pasado a ser un elemento más dentro de la justicia. Ahora el sistema está preparado para contemplar otras salidas alternativas donde lo más importante es decidir si existió daño. Y, de ser así, cómo hay que repararlo.
¿Cuáles han sido algunos de los cambios más visibles de esta transición?
Expansión y solidez de una nueva política criminal. La mayoría de los países ya cuentan con una hoja de ruta para su justicia criminal. Esto incluye el establecimiento de objetivos claramente definidos, así como un plan de ejecución que defina el orden de las prioridades en la persecución e investigación del delito.
Maduración de Unidades de Análisis Criminal. Las nuevas Unidades de Análisis Criminal han puesto especial énfasis en sofisticar cada vez más su entendimiento de los fenómenos criminales de cada país. Por ejemplo, en Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay y Chile, las fiscalías seleccionan variables estratégicas y las cruzan con múltiples datos a fin de generar nuevas líneas de investigación en el caso de los llamados “crímenes complejos”.
Mejor investigación criminal. En algunos países, dependiendo del marco legal, la investigación criminal es liderada y supervisada por la fiscalía y apoyada por los cuerpos de policía. Esta nueva función para las policías requiere una alta especialización en investigación criminal. En Colombia, por ejemplo, la Policía Nacional apoya a la Fiscalía a través de la recolección de pruebas, la formulación de hipótesis y el análisis técnico-científico de la evidencia. Esos insumos contribuyen a construir una explicación mucho más sólida de los hechos delictivos y sirven de base para la construcción del caso judicial.
Mayor capacitación de jueces y abogados. Una evaluación de impacto realizada por el BID en Ecuador encontró que la capacitación en “habilidades blandas” a jueces para impartir justicia oral agilizó la resolución de casos. En concreto, la duración promedio de un juicio es entre un 50% y un 80% menor cuando el juez principal ha sido entrenado en habilidades blandas.
Mayor acceso a otros mecanismos de justicia. Los nuevos sistemas de justicia penal contemplan medidas alternativas de solución de conflictos (justicia alternativa, procesos abreviados, etc.). Esto ha permitido avanzar en la descongestión de la justicia en muchos países. Un buen ejemplo es Chile. El sistema de justicia penal chileno cuenta con los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) que combinan la resolución del delito con medidas terapéuticas alternativas a la prisión, para aquellos delincuentes que cometieron su delito bajo la influencia de algún estupefaciente. Los TTD reducen entre 8 y 12 puntos porcentuales la reincidencia delictiva con respecto al procesamiento tradicional de delitos relacionados con las drogas, y al mismo tiempo permite abordar la raíz del problema: el consumo abusivo de drogas.
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Fuente: artículo publicado en el Blog Sin Miedos del BID
Montevideo, 25 de noviembre de 2019
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